La crisis de los desechos sólidos en el municipio de Hato Mayor del Rey ha dejado de ser un simple problema de logística sanitaria para convertirse en un síntoma de descomposición político-filosófica. Cuando un Estado o un gobierno local abdica de sus funciones esenciales, el vacío de poder nunca queda deshabitado; es devorado de inmediato por las fuerzas del mercado informal. En este territorio, la inoperancia crónica de la gestión municipal que encabeza Amado de la Cruz ha parido un monstruo de dos cabezas: un cabildo indolente y una red de nuevos negociantes que lucran con la inmundicia, transformando el derecho ciudadano a la salud en una mercancía extorsiva.
Desde la perspectiva del contrato social de Jean-Jacques Rousseau, los ciudadanos ceden parte de su libertad y aportan recursos económicos al soberano, en este caso, el gobierno local, a cambio de orden, seguridad y bienestar común.
Sin embargo, en Hato Mayor este pacto fundacional se encuentra en ruinas.
El cabildo local ha recibido una cantidad histórica de recursos estatales, incluyendo más de 14.5 millones de pesos otorgados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia para la compra de camiones compactadores, además de asignaciones complementarias.
Pese a esta inyección presupuestaria, la ciudad ostenta el penoso título de ser una de las más arrabalizadas del país.
¿Dónde están los camiones? ¿En qué pliegue de la burocracia se diluyó el dinero del pueblo?
La respuesta municipal de que «no hay unidades suficientes» no es solo una falacia técnica; es una flagrante inmoralidad política.
Ante este abandono, ha surgido la dictadura de los motovolteos.
El nacimiento de este negocio informal, con tarifas que oscilan de manera arbitraria entre los 200 y 1,000 pesos, desvela la perversión de la necesidad pública.
Aquí opera la lógica del capitalismo más salvaje y despiadado: ante la ausencia del servicio público, el ciudadano se ve obligado a pagar un impuesto doble para no sepultarse en sus propios desperdicios.
Por Dagoberto Lockward
