Durante décadas, los gobiernos han inaugurado obras públicas sin reservar después los recursos necesarios para conservarlas. El deterioro se acumula hasta que una reparación deja de ser suficiente y el Estado debe rehabilitar por completo, reconstruir o incluso demoler para volver a levantar.
Esa cultura de construir, inaugurar y relegar el mantenimiento crea un círculo vicioso: el Estado termina pagando varias veces por una misma infraestructura. Instalaciones deportivas, plantas de tratamiento, acueductos, hospitales, edificios públicos, monumentos, puentes, carreteras y autobuses han requerido nuevas inversiones tras años de deterioro o abandono.
El ejemplo más reciente son las instalaciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El Gobierno destinó alrededor de 9,000 millones de pesos a intervenir 16 complejos deportivos y construir un nuevo pabellón. Como el monto incluye adecuaciones para cumplir los estándares de la competencia y obras nuevas, no puede atribuirse íntegramente a la falta de mantenimiento.
Aun así, el propio Gobierno reconoció las condiciones en que encontró algunos escenarios. El presidente Luis Abinader dijo que el estadio Félix Sánchez estaba en condiciones deplorables y pidió establecer mecanismos permanentes para conservar las obras después de la inversión.
La misma admisión surge de la administración pública. Un censo de Bienes Nacionales encontró propiedades estatales —entre ellas, gobernaciones— abandonadas o subutilizadas. El programa para recuperarlas abarca 64 inmuebles: 31 gobernaciones y 33 edificaciones. En una segunda etapa se trabaja en 24 edificios, con una inversión de 762 millones de pesos.
El director de Bienes Nacionales citó el edificio gubernamental Don Antonio Guzmán Fernández, que, según explicó, no había recibido intervención alguna en sus 46 años y ahora será renovado por completo. El plan busca que el ahorro en alquileres financie el mantenimiento de los inmuebles recuperados.
El Estado paga entre 10,000 millones y 12,000 millones de pesos al año en alquileres y espera ahorrar unos 8,000 millones mediante la recuperación de sus propiedades. Los 4,000 millones restantes se destinarían a su conservación, explicó el funcionario.
Los puentes muestran el costo —y el riesgo— de postergar las revisiones. El Gobierno inició un programa para intervenir 220 estructuras, muchas con daños acumulados, mientras un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo contempla actuar sobre otras 150.
Entre las que requieren evaluaciones y reparaciones más profundas figuran los puentes Duarte, de la avenida 17, Hermanos Patiño y de San Pedro de Macorís. El problema ya ha tenido consecuencias trágicas: el conductor de un camión murió al caer al río tras el colapso del puente que comunica Yamasá con Don Juan.
Sin embargo, estas siguen siendo respuestas puntuales, no una política permanente de evaluación y mantenimiento.
Por Dagoberto Lockward
