El presidente Luis Abinader dispuso mediante decreto el traslado temporal de su residencia oficial desde Santo Domingo a Santiago de los Caballeros durante los días 14, 15 y 16 de septiembre, período en el que despachará directamente desde esa ciudad.
La medida está contenida en el Decreto 642-26, emitido este 14 de septiembre, y se sustenta en el artículo 128 de la Constitución, que faculta al presidente, en su condición de jefe de Gobierno, a cambiar el lugar de su residencia oficial cuando lo considere necesario.
El decreto explica que el traslado responde a una agenda de trabajo programada en Santiago para supervisar obras de infraestructura, sostener encuentros comunitarios y encabezar reuniones de seguimiento con ministros y directores generales.
Durante esos tres días, Santiago funcionará como sede temporal de la Presidencia, aunque el resto de la administración pública continuará operando desde sus dependencias habituales.
El artículo segundo establece que ministros, viceministros, directores generales y demás funcionarios que dependan directamente del Poder Ejecutivo deberán permanecer al frente de sus respectivos despachos y garantizar que la marcha administrativa no sufra alteraciones por el traslado presidencial.
Asimismo, los asuntos oficiales continuarán tramitándose por la vía ordinaria. Los ciudadanos e instituciones deberán dirigirse a los ministerios y dependencias correspondientes, y estos canalizarán hacia la Presidencia los temas que requieran intervención directa del mandatario.
La disposición tendrá vigencia hasta el regreso de Abinader a su sede permanente en Santo Domingo.
El traslado formaliza una modalidad de trabajo que el Gobierno había anunciado para esta semana en Santiago, donde el mandatario desarrollará reuniones con distintos sectores y dará seguimiento a proyectos públicos en ejecución.
La decisión también deja claro que el cambio de sede no implica un traslado general del Gobierno, sino únicamente de la residencia oficial y del despacho presidencial durante el período señalado.
En el decreto, el Poder Ejecutivo justifica la medida en los principios de eficiencia, transparencia, coordinación y unidad de la administración pública establecidos en la Ley 247-12, así como en las garantías previstas por la Ley 107-13 sobre procedimientos administrativos.
Por Dagoberto Lockward
