Por Robinson Díaz
Diputado de la República por Santiago
Expreso mi firme solidaridad con nuestra colega diputada Millys Martínez ante el lamentable incidente en el que fue esposada por agentes de la Policía Nacional, una actuación que merece una investigación rigurosa y una respuesta institucional responsable.
Este hecho no puede analizarse únicamente como un incidente policial. Estamos ante una situación que plantea interrogantes sobre el respeto a la Constitución, la inmunidad parlamentaria y los límites en el ejercicio de la autoridad.
La Constitución de la República, en su artículo 86, establece la protección de los legisladores frente a la privación de libertad durante la legislatura, salvo las excepciones constitucionalmente previstas. Esta garantía no constituye un privilegio personal, sino una protección de la independencia del Poder Legislativo y del equilibrio entre los poderes del Estado.
Asimismo, el artículo 40 de nuestra Carta Magna consagra el derecho a la libertad y seguridad personal, mientras que el artículo 38 reconoce la dignidad humana como fundamento esencial del ordenamiento jurídico.
Por tanto, cualquier actuación policial, independientemente de la condición de la persona involucrada, debe estar sustentada en la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad.
El uniforme representa la autoridad del Estado, pero jamás concede facultades para actuar por encima de la Constitución.
El artículo 87 también establece que la inmunidad parlamentaria no es un privilegio individual, sino una prerrogativa institucional. En consecuencia, defender la inmunidad parlamentaria no significa defender la impunidad, sino exigir el cumplimiento de la Constitución.
Resulta especialmente preocupante que, aunque la Policía Nacional sostiene que no existió un arresto formal, las imágenes difundidas muestran a nuestra colega esposada. Esta contradicción debe esclarecerse, pues el artículo 86 contempla expresamente no solo el arresto o la detención, sino cualquier otra forma de privación de libertad.
UNA REFLEXIÓN NECESARIA PARA NUESTRO GOBIERNO
Como legislador del Partido Revolucionario Moderno, considero oportuno hacer una reflexión responsable.
No podemos permitir que actuaciones imprudentes de determinados agentes empañen los esfuerzos del presidente Luis Abinader, del Ministerio de Interior y Policía y de todo un gobierno que trabaja por fortalecer la institucionalidad y transformar nuestra Policía Nacional.
La reforma policial representa un compromiso importante de nuestra gestión. Sin embargo, episodios como este pueden debilitar la confianza ciudadana y proyectar una imagen contraria a los valores democráticos que defendemos.
Quienes ejercen funciones de autoridad deben comprender que sus decisiones tienen consecuencias que trascienden sus responsabilidades individuales y pueden comprometer la imagen de todo un gobierno.
Por ello, valoramos que la Dirección General de la Policía Nacional haya dispuesto una investigación y esperamos que sus resultados permitan esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.
La disciplina policial, el respeto a los derechos fundamentales y la observancia de la Constitución no son opcionales: son obligaciones ineludibles de quienes representan al Estado.
Nuestra solidaridad con la diputada Millys Martínez es firme, como también lo es nuestro compromiso con una Policía Nacional profesional, respetuosa de la ley y digna de la confianza de los dominicanos.
Defender la institucionalidad es también defender nuestro gobierno, porque ningún exceso de autoridad debe poner en riesgo los avances que tanto esfuerzo nos han costado.
Y que quede claro:
¡La autoridad se respeta, pero la Constitución se respeta mucho más!
Robinson Díaz
Diputado de la República por Santiago
Partido Revolucionario Moderno (PRM)
