Félix Sánchez pudo haber construido su carrera bajo otra bandera. Hijo de padres dominicanos y criado en Estados Unidos, contó hace unos días en Abriendo el Podcast, el espacio de Ricardo Rodríguez y Vian Araujo, que durante años no terminó de reconocerse plenamente en ningún lugar, y que ponerse la bandera dominicana en el pecho no bastó: la pertenencia tuvo que construirla. Su historia condensa una distinción que la minería todavía no ha terminado de asumir: estar en un territorio no es lo mismo que pertenecer a él. Y en esa distinción, sostengo, comienza la próxima etapa del sector: el paso de la licencia social para operar al deber de pertenecer.
Con el tiempo, Félix lo logró. Se convirtió en uno de nuestros grandes atletas y en algo más profundo: alguien que encontró en este país un lugar al cual pertenecer y a quien el país terminó reconociendo como propio. Esa pertenencia fue real porque fue recíproca.
Una empresa minera puede permanecer veinte o treinta años en un territorio, generar empleo, pagar impuestos, contratar proveedores y cumplir sus obligaciones legales y ambientales sin llegar nunca a pertenecer a él. Todo eso importa, pero describe una presencia, no un vínculo.
Ni los años de operación ni el tamaño de la inversión garantizan arraigo. Una compañía puede seguir siendo vista, después de décadas, como alguien que llegó de afuera, aprovechó una oportunidad y algún día se marchará. Y cuando siguen existiendo dos realidades separadas —»la mina» por un lado, «la comunidad» por otro—, cualquier dificultad se convierte rápidamente en una disputa entre propios y extraños.
Durante años el sector ha construido su relación con las comunidades sobre un vocabulario valioso: responsabilidad social, inversión comunitaria, relacionamiento con grupos de interés y, sobre todo, licencia social para operar. Este último concepto supuso un avance real, porque reconoció que el permiso legal no basta y que la aceptación de la comunidad es condición para trabajar.
Pero la licencia social conserva la lógica de un permiso. La comunidad aparece como la instancia que concede o retira; la empresa, como la parte que solicita, gestiona y renueva. Su pregunta de fondo es qué necesita la comunidad de nosotros para aceptarnos, y esa pregunta se responde con programas y presupuestos. Una licencia se obtiene, se mantiene o se pierde, pero no echa raíces.
De ahí que una empresa que solo es tolerada descubra su fragilidad cuando llega el conflicto, y que suela cometer entonces el error más costoso: intentar construir confianza justo cuando ya se necesita.
La nueva etapa exige elevar el concepto: de la licencia social al deber de pertenecer. Entiendo por deber de pertenecer la obligación —ética antes que legal— que asume una empresa de integrarse como miembro responsable del territorio donde opera: ligar su destino al de la comunidad mientras permanezca en ella, rendirle cuentas como se rinden entre vecinos y dejar, cuando se vaya, más capacidades de las que encontró.
La diferencia no es semántica. La licencia es algo que la empresa recibe; el deber es algo que la empresa asume. La primera mira hacia la aceptación; el segundo, hacia la contribución. Por eso cambia también la pregunta:
Responderla exige lo que ningún presupuesto garantiza por sí solo: tiempo, presencia, coherencia, escucha y memoria compartida. Exige conocer la historia del territorio y entender que detrás de cada conversación sobre agua, tierra, empleo o desarrollo hay experiencias acumuladas durante generaciones. Y supone que los habitantes dejan de ser «grupos de interés» para convertirse en vecinos.
Por Dagoberto Lockward
