Santo Domingo, República Dominicana. – El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció la suspensión de la militancia del regidor de Nigua, Ángel María Álvarez Peguero (Enrique), tras confirmarse la existencia de una acusación formal ante la justicia dominicana por presunto abuso sexual contra una menor de edad.
La decisión fue adoptada luego de agotarse la primera etapa de un proceso disciplinario interno dentro de la organización política, con un dictamen emitido por el Fiscal Nacional del PRM, Tony Rodríguez, quien determinó la suspensión inmediata del dirigente municipal mientras avanza el proceso judicial correspondiente.
De acuerdo con el comunicado, Álvarez Peguero queda suspendido de su condición de miembro del partido hasta que exista una sentencia definitiva con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, lo que daría lugar a su expulsión definitiva del PRM.
La medida se fundamenta en lo establecido en el artículo 64, literal b, y el artículo 65, párrafo V, de los estatutos del partido.
El PRM subrayó que esta decisión se enmarca en la línea de transparencia, institucionalidad y respeto a la ley impulsada por el presidente Luis Abinader, reiterando que la impunidad no tiene espacio ni en el partido ni en el Gobierno, y que ante hechos de gravedad la justicia debe actuar con todo su peso, caiga quien caiga.
En ese mismo contexto, el partido oficialista recordó la propuesta de modificación a la Ley de Partidos Políticos impulsada por su presidente, José Ignacio Paliza, orientada a fortalecer los mecanismos de depuración dentro de las organizaciones políticas y evitar que sectores oscuros o personas vinculadas a actividades ilícitas se infiltren en los partidos y en las candidaturas.
La iniciativa busca elevar los estándares de transparencia y responsabilidad dentro del sistema político dominicano, reforzando la idea de que la política debe ejercerse con ética, controles institucionales y compromiso con la legalidad.
Asimismo, el PRM reiteró su condena a cualquier acción que atente contra la integridad de niños, niñas y adolescentes, señalando que ante denuncias de esta naturaleza la organización actuará con firmeza, separando de sus funciones a quienes enfrenten procesos judiciales por hechos de esta gravedad.
Con esta medida, el partido gobernante busca enviar una señal clara de que la ética pública, la protección de los más vulnerables y el respeto a la ley están por encima de cualquier interés partidario o personal.
