Redacción SinRodeosNews.- Las declaraciones del jefe regional de la Administración para el Control de Drogas (DEA) para el Caribe, Michael A. Miranda, no son un simple gesto diplomático ni un cumplido protocolar. Constituyen, en esencia, un reconocimiento internacional claro y directo a un cambio de rumbo en la política de seguridad de la República Dominicana bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader.
Durante décadas, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado estuvo marcada por discursos grandilocuentes, resultados limitados y una peligrosa tolerancia institucional que permitió que las estructuras criminales se adaptaran, se infiltraran y crecieran al amparo de la debilidad del Estado. La cooperación internacional existía, sí, pero muchas veces era selectiva, reactiva y carente de la transparencia y firmeza que exige un fenómeno transnacional de esta magnitud.
Hoy el escenario es distinto.
El respaldo explícito de la DEA a la actual administración no surge de la casualidad, sino de hechos concretos: una voluntad política inequívoca, una cooperación sostenida y una ruptura con viejas prácticas que, en el pasado, comprometieron la credibilidad del país frente a sus aliados estratégicos. Combatir el narcotráfico sin enfrentar la corrupción es una farsa, y ese error —cometido una y otra vez por gobiernos anteriores— ha comenzado a ser corregido con determinación.
Las estadísticas respaldan este giro. En los últimos años, la República Dominicana ha registrado incautaciones históricas de drogas, un aumento significativo en las extradiciones, un fortalecimiento de la persecución del lavado de activos y una mayor coordinación interinstitucional. Estos resultados no son aislados ni fortuitos: son consecuencia directa de decisiones políticas que dejaron atrás la ambigüedad y asumieron el costo de enfrentar intereses enquistados.
La activa participación del país en la campaña internacional Proteger, Prevenir y Apoyar, así como en la iniciativa Fentanyl Free America, demuestra que la República Dominicana ya no actúa como un eslabón débil o complaciente, sino como un aliado confiable en la defensa de la seguridad regional. En un contexto donde el fentanilo y las drogas sintéticas representan una amenaza creciente para las sociedades, la indiferencia o la tibieza no son opciones.
El reconocimiento de la DEA también pone en evidencia una verdad incómoda para quienes gobernaron antes: cuando no hay voluntad política real, los resultados simplemente no llegan. La diferencia no está en los discursos, sino en la acción; no está en la retórica, sino en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
El compromiso reafirmado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de no retroceder, de no negociar con el crimen y de fortalecer permanentemente las capacidades del Estado, marca una línea clara. El país ha decidido no volver atrás.
La lucha contra el narcotráfico no admite nostalgias ni complicidades disfrazadas de prudencia. Requiere liderazgo, carácter y decisiones incómodas. En ese terreno, la actual administración ha trazado una diferencia que hoy es reconocida fuera y dentro del país. Mantenerla y profundizarla no es solo una opción política: es una responsabilidad histórica.
