La Contraloría General de la República (CGR) anunció este miércoles que comenzará este viernes 2 de octubre, a partir de las 4:00 de la tarde, a publicar los resultados de las auditorías realizadas a instituciones públicas, un día después de la fecha que había anunciado el presidente Luis Abinader.
El mandatario informó el pasado 3 de septiembre que las publicaciones comenzarían «a partir del próximo 1 de octubre», luego de que Diario Libre revelara que cientos de informes permanecían fuera del acceso público y que la Contraloría se había negado a entregarlos al medio.
La institución precisó que la divulgación comenzará el viernes y se realizará de manera gradual hasta abarcar todas las auditorías correspondientes a períodos comprendidos entre agosto de 2020 y diciembre de 2025.
El alcance anunciado ahora por la Contraloría es mayor que el comunicado originalmente por Abinader. El presidente había informado que se publicarían progresivamente los documentos correspondientes a sus primeros cuatro años de gestión, entre agosto de 2020 y agosto de 2024.
La Contraloría indicó que quedarán exceptuadas las instituciones que actualmente están siendo auditadas por la Cámara de Cuentas, aunque no precisó cuáles son ni cuántas auditorías quedarían fuera de las publicaciones por esa razón.
Pese a anunciar la divulgación de los informes por disposición del presidente, la Contraloría reiteró la posición que había comunicado previamente a Diario Libre y sostuvo que la legislación no la obliga a hacer públicas sus auditorías.
«Pese a que la ley no obliga a la Contraloría a realizar dichas publicaciones», expresó la institución en el comunicado en el que anunció la medida.
El contralor Geraldo Espinosa Pérez explicó que la nueva entrega, dispuesta por Abinader, dará continuidad a la divulgación progresiva de las auditorías realizadas durante su administración.
Esta posición había sido planteada por Espinosa Pérez en respuesta a solicitudes de información realizadas por Diario Libre. El funcionario se amparó en la Ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, para sostener que la Contraloría no tiene la obligación de publicar automáticamente los informes.
Sin embargo, la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública establece que las instituciones deben proporcionar información contenida en documentos que hayan creado o que se encuentren bajo su posesión y control. La normativa contempla excepciones, entre ellas los borradores o proyectos que todavía no constituyan documentos definitivos.
Por Dagoberto Lockward
