La aparición del dominicano Juan Carlos Ávila Espaillat vestido con uniforme militar ruso y relatando desde sus redes sociales episodios de la guerra en Ucrania ha llevado a activistas de derechos humanos a solicitar al presidente Luis Abinader una investigación sobre las circunstancias en que ciudadanos del país estarían llegando al conflicto.
Ávila, de 28 años y oriundo de Higüey, viajó a Rusia en agosto y posteriormente firmó un contrato para prestar servicio en las Fuerzas Armadas de ese país.
Un documento atribuido al Ministerio de Defensa ruso, obtenido por Diario Libre, establece que Ávila superó el proceso de selección para el servicio militar por contrato y partió para incorporarse a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. El documento está fechado el 16 de agosto de 2026.
Sin embargo, la versión que conocía inicialmente su familia era distinta.
Massiel Ávila Cedeño, tía del joven, explicó a Diario Libre que Juan Carlos les había dicho que una mujer rusa que conoció mientras trabajaba en Bávaro lo ayudaría a viajar y conseguir empleo. Según la familia, esa persona incluso habría pagado el boleto aéreo y comprado un teléfono para él.
Sus parientes dijeron que no conocían inicialmente que el viaje terminaría vinculado al servicio militar ruso.
Ese elemento ha llevado a organizaciones de derechos humanos a reclamar que las autoridades dominicanas determinen si se trata de un caso aislado o si existen mecanismos de captación que están trasladando a otros ciudadanos hacia Rusia.
Diógenes Ozuna, miembro del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Santo Domingo Este, solicitó al presidente Luis Abinader ordenar una investigación para determinar si existen dominicanos afectados por engaños, reclutamiento irregular u otras circunstancias relacionadas con el conflicto.
Ozuna sostuvo que la difusión de los videos de Ávila ha aumentado la preocupación sobre la forma en que algunos dominicanos podrían estar llegando a la zona de guerra.
El activista Carlos Sánchez, del municipio de Haina, también habría presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República el 24 de agosto y puesto el caso en conocimiento del Ministerio de Defensa, de acuerdo con Ozuna.
Por Dagoberto Lockward
