La regulación de las rentas cortas se ha convertido en uno de los temas de creciente interés para el sector turístico dominicano, en un momento en que el país busca consolidar su posicionamiento como destino internacional y diversificar su oferta de alojamiento. El debate plantea una pregunta fundamental: ¿cómo establecer reglas que garanticen la seguridad, la calidad y el cumplimiento de las obligaciones legales sin imponer barreras que limiten el desarrollo de una actividad que representa una fuente de ingresos para propietarios, emprendedores y familias?
Para la plataforma Airbnb y la Red de Anfitriones Dominicanos de Hospedaje Temporal (REDhost), la respuesta pasa por construir un marco regulatorio que reconozca las particularidades del alojamiento temporal, promueva su formalización y establezca responsabilidades claras para todos los actores involucrados, sin trasladar automáticamente a las viviendas particulares las mismas exigencias aplicables a los establecimientos hoteleros.
La discusión adquiere especial relevancia a partir del proceso de consulta impulsado por el Ministerio de Turismo (Mitur) en torno a una propuesta de regulación de esta actividad. Aunque ambas organizaciones reconocen la necesidad de establecer reglas para ordenar el sector, consideran que el diseño de la normativa debe partir de la realidad de quienes participan en él y tomar en cuenta tanto los objetivos de las autoridades como las condiciones de los pequeños anfitriones.
Carlos Muñoz, director de Política Pública de Airbnb para Centroamérica y el Caribe, sostiene que una buena regulación debe partir de la realidad del sector y buscar ordenar la actividad sin desincentivar su desarrollo, mediante reglas claras, proporcionales, simples y fáciles de cumplir que protejan la seguridad y los derechos de huéspedes y anfitriones.
Uno de los principales argumentos de Airbnb es que el alojamiento de corta duración presenta características distintas según el tipo de inmueble, la escala de operación y el perfil de quien ofrece el servicio. No es necesariamente lo mismo una familia que alquila ocasionalmente una propiedad, un pequeño propietario que complementa sus ingresos con una vivienda de su propiedad o un emprendedor que administra múltiples unidades de alojamiento.
Por ello, Airbnb considera que una regulación eficaz debe reconocer estas diferencias y evitar aplicar indiscriminadamente requisitos propios de la operación hotelera a todas las modalidades de hospedaje temporal. “Sobre todo, debe respetar el derecho a la propiedad privada y distinguir entre una actividad de renta corta realizada por un propietario y la operación de un establecimiento hotelero”, afirma Muñoz.
El objetivo, señala la organización, es establecer obligaciones proporcionales a las características y los riesgos de cada modalidad, que protejan a huéspedes y comunidades sin imponer cargas administrativas desproporcionadas, especialmente a los pequeños propietarios.
Airbnb considera que una regulación eficaz de las rentas cortas debe sustentarse en cinco principios: claridad normativa, proporcionalidad, simplicidad administrativa, seguridad jurídica y diálogo. Esto implica establecer requisitos y responsabilidades precisos, acordes con las características de cada alojamiento; facilitar la formalización mediante herramientas digitales, como un registro simplificado ante el MITUR; y garantizar reglas transparentes que brinden certeza a todos los actores.
Asimismo, la organización destaca la importancia de involucrar a las autoridades, la industria turística y la comunidad de anfitriones en el proceso. Según Muñoz, durante la consulta pública sobre la propuesta se presentaron más de 700 observaciones de anfitriones y usuarios de plataformas.
Airbnb valora que el Ministerio de Turismo haya abierto un espacio de consulta pública para avanzar hacia reglas más claras para el alojamiento temporal. Sin embargo, Muñoz considera que algunos aspectos de la propuesta requieren mayor claridad y revisión, especialmente los requisitos para obtener certificaciones de condominios, la aplicación de normas hoteleras a viviendas particulares, las condiciones para realizar inspecciones y la cantidad de documentación exigida a los anfitriones. También destaca la importancia de que estos requisitos sean proporcionales y respeten el derecho a la propiedad privada.
Por Dagoberto Lockward
