RedacciónSinRodeosNews.- En la administración pública dominicana, pocas cosas generan más resistencia que una gestión decidida a cambiar reglas, transparentar procesos y tocar privilegios enquistados. Bajo esa lógica, las recientes críticas dirigidas contra el director de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, parecen menos una casualidad y más una consecuencia previsible de una administración que ha optado por confrontar distorsiones dentro del sistema.
Báez no ha esquivado el debate. Por el contrario, ha planteado con claridad que los cuestionamientos responden a intereses afectados por reformas institucionales impulsadas desde su llegada, orientadas —según sostiene— a ordenar la entidad, fortalecer su transparencia y convertirla en una verdadera defensora de los afiliados, más allá del discurso burocrático.
“Cuando se ordena, se transparenta y se actúa con firmeza, inevitablemente se incomoda a quienes preferían la inercia”, parece ser el mensaje de fondo de una gestión que ha comenzado a mostrar cifras difíciles de ignorar.
Los datos presentados por la DIDA colocan sobre la mesa un argumento poderoso: más de RD$10 millones mensuales ahorrados a favor de afiliados mediante la corrección de cobros indebidos, más de 1.2 millones de servicios ofrecidos en el primer año y un ahorro acumulado superior a RD$100 millones. En un sistema donde durante años muchos usuarios han sentido indefensión frente a estructuras complejas, estos números no son menores; representan una señal de intervención concreta.
Pero quizás uno de los puntos más sensibles ha sido la ofensiva informativa respecto a los más de RD$8,000 millones disponibles en cuentas de AFP pertenecientes a afiliados fallecidos, recursos que durante mucho tiempo permanecieron fuera del radar de numerosas familias. La campaña de orientación promovida por la DIDA ya ha facilitado la devolución de más de RD$1,000 millones a beneficiarios. Y ahí precisamente podría residir una de las mayores incomodidades: informar también redistribuye poder.
A esto se suma la implementación de un sistema de atención 24/7, el despliegue de capacidad de respuesta territorial y sanciones a prestadores de salud que priorizan beneficios económicos sobre la vida humana. Estas decisiones no solo redefinen el papel de la DIDA, sino que elevan las expectativas ciudadanas sobre lo que una institución pública puede —y debe— hacer.
Por supuesto, ninguna gestión está exenta de escrutinio. La crítica es legítima y necesaria en democracia. Sin embargo, también corresponde distinguir entre el control ciudadano genuino y las reacciones provenientes de sectores que podrían sentirse afectados cuando una institución comienza a funcionar con mayor rigor.
En ese contexto, la figura de Elías Báez parece encarnar una realidad frecuente en procesos de reforma: quien altera dinámicas tradicionales suele convertirse en blanco de resistencia. La pregunta de fondo no debería centrarse únicamente en el ruido político, sino en si los resultados benefician o no a los afiliados.
Si las cifras expuestas se sostienen, si más ciudadanos recuperan recursos, si se reducen abusos y si la DIDA consolida un modelo más activo de defensa social, entonces el debate cambia de dimensión: ya no sería sobre una persona, sino sobre la transformación de una institución históricamente llamada a proteger a los más vulnerables.
En tiempos donde la confianza pública se gana con resultados, la verdadera evaluación no debería descansar exclusivamente en las críticas, sino en el impacto tangible de las acciones. Y si algo deja claro este momento, es que reformar, defender derechos y tocar intereses rara vez ocurre sin costos políticos.
