En medio de una coyuntura internacional compleja, la República Dominicana exhibe hoy un modelo de gestión que contrasta de forma marcada con prácticas del pasado. El reciente encuentro entre el Gobierno y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) no solo reafirma la importancia del diálogo público-privado, sino que evidencia una ruptura con etapas anteriores caracterizadas por la improvisación, la opacidad y la toma de decisiones de espaldas a los sectores productivos.
Durante años, la relación entre el Estado y el empresariado estuvo marcada por la desconfianza. Las políticas económicas se diseñaban sin suficiente consulta, los subsidios carecían de focalización clara y la transparencia no siempre era la norma. Esa falta de articulación generaba incertidumbre, debilitaba la inversión y dejaba a la economía más vulnerable ante cualquier crisis externa.
Hoy el escenario es distinto. Bajo la administración del presidente Luis Abinader, se ha consolidado una práctica de diálogo permanente con todos los sectores: empresarial, social, político y sindical. No se trata de una simple estrategia comunicacional, sino de una forma de gobernar basada en la construcción de consensos y en la anticipación de riesgos.
Las declaraciones de líderes empresariales como Celso Juan Marranzini y César Dargam son reveladoras. Cuando el principal órgano de representación del sector privado reconoce la transparencia, la responsabilidad y la capacidad de articulación del Gobierno, se valida un cambio de paradigma. En el pasado, este tipo de respaldo era escaso o condicionado por tensiones acumuladas.
El manejo de la actual crisis internacional es un ejemplo concreto de esa diferencia. Mientras en otras épocas los shocks externos se traducían en aumentos abruptos de precios, descontrol inflacionario o medidas tardías, hoy se observa una respuesta estructurada: subsidios estratégicos para amortiguar el impacto en combustibles, apoyo a los fertilizantes para proteger la producción agrícola y un monitoreo constante de la economía.
Más aún, la existencia de reservas internacionales robustas y el acceso a financiamiento en condiciones favorables no son casualidad. Son el resultado de una política económica que ha priorizado la estabilidad macroeconómica y la credibilidad internacional, dos elementos que en el pasado se veían comprometidos por decisiones erráticas o falta de planificación.
Esto no significa que el país esté exento de desafíos. La sostenibilidad de los subsidios, la presión inflacionaria global y la volatilidad de los mercados seguirán poniendo a prueba la capacidad de gestión del Gobierno. Sin embargo, la diferencia fundamental radica en que hoy existe una hoja de ruta clara y una disposición real al diálogo.
El contraste es evidente: de un modelo donde predominaban la improvisación y la desconexión institucional, a uno donde la coordinación y la transparencia se convierten en pilares de la gobernabilidad. En política, los resultados hablan. Y en este caso, la estabilidad económica y la confianza empresarial son señales que difícilmente pueden ignorarse.
La lección es clara. La estabilidad no se decreta; se construye. Y esa construcción, en la actualidad, parece estar descansando sobre bases más sólidas que en el pasado reciente.
