En el marco de la política de eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal que impulsa la administración del presidente Luis Abinader, resulta imprescindible abordar no solo los avances, sino también las distorsiones que aún persisten en el sistema, particularmente en lo relativo al subsidio de los combustibles.
No cabe duda de que el subsidio al gasoil ha sido una herramienta clave para proteger a sectores estratégicos como el transporte, evitando un traslado directo del impacto internacional hacia los precios de bienes y servicios. Esta política ha contribuido a sostener la estabilidad económica y a contener presiones inflacionarias.
Sin embargo, desde una perspectiva crítica y constructiva, es necesario reconocer una realidad conocida en distintos sectores: la existencia de prácticas irregulares en la comercialización del gasoil subsidiado. Es ampliamente señalado que parte de este combustible, destinado a transportistas, termina siendo vendido en el mercado informal a precios entre 30 y 35 pesos por debajo del valor oficial, generando un circuito paralelo que beneficia indebidamente a intermediarios y distorsiona el propósito original del subsidio.
Este fenómeno —atribuido a redes informales dentro de algunos sindicatos del transporte y a la participación de actores privados— no solo representa una fuga de recursos públicos, sino que también debilita la credibilidad de la política de subsidios. En esencia, el Estado asume un costo significativo para proteger al ciudadano, pero una parte de ese esfuerzo se desvía por prácticas que deben ser corregidas con firmeza.
Aquí es donde la política de transparencia y honestidad debe dar un paso adicional. No basta con asignar recursos; es indispensable garantizar que estos lleguen a su destino correcto. Esto implica fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y trazabilidad del combustible subsidiado.
Entre las acciones que podrían considerarse se destacan:
- Implementación de sistemas digitales de control y monitoreo para el despacho y consumo de combustibles subsidiados.
- Auditorías periódicas a beneficiarios del subsidio, especialmente en el sector transporte.
- Sanciones ejemplares para quienes participen en la reventa ilegal o desvío de recursos.
- Revisión del esquema de subsidio, orientándolo hacia modelos más focalizados y transparentes.
Este señalamiento no busca deslegitimar el subsidio, sino fortalecerlo. Un subsidio que se filtra pierde eficacia, genera inequidad y termina afectando a quienes realmente lo necesitan.
La coherencia de una política pública se mide tanto por su diseño como por su ejecución. En ese sentido, el Gobierno ha demostrado voluntad de asumir el costo de la crisis para proteger a la población. El siguiente paso lógico es garantizar que cada peso invertido cumpla su propósito.
En conclusión, la lucha por la eficiencia y la transparencia no solo se libra en los grandes anuncios, sino también en la corrección de estas distorsiones cotidianas. Enfrentarlas con decisión consolidaría aún más la credibilidad del modelo de gestión actual y enviaría un mensaje claro: los recursos del Estado son sagrados y deben ser protegidos con la misma firmeza con la que se administran.
