El endurecimiento de las políticas frente a la migración irregular avanza a ambos lados del Atlántico. Mientras cinco países europeos trabajan para instalar fuera de la Unión Europea (UE) un centro al que puedan ser trasladados migrantes que ya no tienen derecho legal a permanecer en territorio comunitario, la República Dominicana mantiene una política de incremento de las interdicciones y deportaciones, acompañada de protocolos que, según las autoridades, buscan preservar los derechos y dar atención diferenciada a los menores.
Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Grecia expresaron este viernes en Copenhague su intención de alcanzar alrededor de Año Nuevo un acuerdo con un país extracomunitario para establecer el denominado centro de retorno. El ministro danés de Extranjería, Morten Bødskov, evitó identificar al Estado con el que negocian, pero dijo que Dinamarca espera comenzar a enviar migrantes a esas instalaciones durante 2027, según informó EFE. También se reportó el viernes las gestiones del llamado «Grupo de los Cinco».
La iniciativa se apoya en la reforma de la política de retornos aprobada por el Parlamento Europeo el 17 de junio. La legislación permite trasladar a personas con decisiones de retorno a instalaciones situadas en terceros países que hayan aceptado recibirlas, siempre mediante acuerdos que respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución. Los menores no acompañados están excluidos de los traslados a esos centros.
La norma europea establece además garantías que incluyen la prohibición de las expulsiones colectivas y el respeto al principio de non-refoulement, que impide devolver a una persona a un territorio donde pueda enfrentar persecución u otros riesgos graves. Para los menores no acompañados y las familias con niños, la detención debe utilizarse como último recurso y durante el menor tiempo posible.
La política dominicana
En la República Dominicana, el Gobierno del presidente Luis Abinader ha seguido una dirección igualmente restrictiva respecto de la permanencia irregular, aunque bajo un esquema diferente al que proyectan los países europeos: las autoridades dominicanas realizan directamente los procesos de interdicción, depuración y devolución, principalmente hacia Haití.
La política fue reforzada con las 15 medidas migratorias anunciadas por Abinader en abril de 2025, que incluyeron más efectivos en la frontera, ampliación de la verja perimetral, incorporación de agentes migratorios, mayores controles en los mercados binacionales y propuestas para endurecer las sanciones contra el tráfico ilícito de migrantes y contra quienes faciliten la permanencia irregular. El Gobierno ha reiterado que su estrategia no contempla un nuevo proceso de regularización.
Una de las disposiciones más controvertidas fue el protocolo establecido en hospitales públicos. El Gobierno dispuso exigir identificación, carta de trabajo y prueba de domicilio a extranjeros; quienes no cumplan los requisitos deben recibir la atención médica y, una vez recuperados, quedar sujetos al procedimiento de repatriación.
La dimensión de las operaciones se refleja en los datos más recientes de la Dirección General de Migración (DGM). En lo que va de 2026 han sido deportados o repatriados 250,429 extranjeros en condición migratoria irregular: 186,139 corresponden a deportaciones y 64,290 a repatriaciones. De los deportados, el 76.92 % son hombres y el 23.08 % mujeres.
Los extranjeros detenidos son llevados a centros de procesamiento para su registro y depuración. Haina, Dajabón, Elías Piña y Santiago concentran buena parte de esos procedimientos, mientras las repatriaciones se canalizan principalmente por Jimaní, Pedernales, Dajabón y Elías Piña. La institución también prepara en Dajabón un sistema de registro biométrico y reconocimiento facial apoyado en herramientas de inteligencia artificial para controlar el movimiento durante los mercados binacionales.
Por Dagoberto Lockward
