MIAMI, EE. UU. – Una corte federal de Miami analiza una demanda que podría sentar un precedente para regularizar a unos 500.000 cubanos que permanecen en un limbo migratorio en Estados Unidos, lo que le permitiría acogerse nuevamente a los beneficios de la Ley del Ajuste Cubano.
La jueza Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, escuchará los argumentos del caso “Bello-Rubio vs. Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, presentado por 992 cubanos que reclaman que el Gobierno estadounidense reconozca su estatus legal y la aplicación de la normativa que permite a los cubanos solicitar la residencia permanente después de permanecer un año legalmente en el país.
Los demandantes forman parte de los aproximadamente 500.000 a 600.000 cubanos que llegaron a Estados Unidos después de la eliminación de la política de “Pies secos, pies mojados”, ordenada en 2017 por el entonces presidente Barack Obama.
Se estima que alrededor de medio millón de cubanos ingresaron al país entre 2019 y 2023, principalmente a través de la frontera con México, y recibieron el formulario I-220A, conocido como “libertad bajo palabra”. El Gobierno estadounidense no considera este documento equivalente al parole o permiso humanitario, lo que les impide, según el planteamiento de los demandantes, acceder a la residencia permanente bajo la Ley del Ajuste Cubano.
Entre quienes esperan una solución se encuentra un cubano identificado como “Alan”, quien aseguró a EFE que vive con temor junto a su esposa, quien también ingresó por la frontera mexicana y recibió un I-220A.
“Es complicado porque uno se siente mal, se siente decepcionado, se siente frustrado y con mucho miedo”, relató el hombre, quien teme que una eventual deportación provoque la separación de su familia.
Alan, que llegó a Estados Unidos hace cinco años y medio, también se vio afectado por la suspensión de determinados trámites migratorios para cubanos impulsada durante la Administración Trump.
Por ello considera la audiencia judicial como una oportunidad para miles de migrantes que se encuentran en una situación similar.
Uno de los abogados que encabezan el proceso, Mark Prada, explicó que la intención es convertir la demanda en una acción colectiva que pueda beneficiar a otros cubanos afectados por circunstancias migratorias similares.
“Estamos tratando de certificar un colectivo nacional de todos los cubanos bajo varias definiciones, basado en la manera que fueron procesados en la frontera”, explicó Prada, quien señaló que existen distintos grupos de migrantes que deberán ser considerados de manera independiente.
Por Dagoberto Lockward
