El Gobierno de la República, encabezado por el presidente Luis Abinader, reafirmó este domingo de manera categórica que la transparencia y el adecentamiento de la vida pública constituyen pilares innegociables de la actual administración. En respuesta a las irregularidades detectadas en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el mandatario ha instruido que la institución se constituya en actor civil para garantizar la recuperación de cada peso del patrimonio sustraído.
La administración ha dejado claro que la independencia del Ministerio Público es absoluta. Muestra de ello es que las indagatorias actuales iniciaron a raíz de un detallado informe elaborado por el propio Poder Ejecutivo, el cual, tras detectar indicios graves de corrupción mediante una investigación interna, fue remitido sin dilaciones a las autoridades judiciales.
El fin de la protección política El caso ha generado reacciones contundentes en la opinión pública que validan la postura gubernamental de que no existe protección oficial para lo mal hecho. El periodista y analista Miguel Guerrero (@GuerreroMiguelE) destacó que la gestión del caso da sentido a la afirmación del presidente de que en su gobierno tiene «amigos, no cómplices». Guerrero señaló que la investigación y el arresto del exdirector son «una muy buena señal de confianza en la lucha oficial contra la corrupción».
En esa misma línea, el dirigente político Vinicio Castillo (@VinicioSenador) calificó la situación como una «traición a la confianza» del presidente por parte del Dr. Santiago Hazim, exjefe del sector externo, subrayando que este escándalo de grandes proporciones evidencia que «no hay protección gubernamental ni de Palacio», desmintiendo a quienes apostaban a la impunidad.
Compromiso con la Justicia El presidente Abinader ha reiterado que cualquier funcionario o particular que atente contra los intereses del Estado deberá enfrentar las consecuencias legales. «No existen vacas sagradas ni tolerancia para el desbordamiento ético», enfatizó el mandatario.
La designación de magistradas independientes en la jerarquía del Ministerio Público garantiza que la decisión final sobre estas investigaciones sea estrictamente jurídica. El Gobierno asegura a la ciudadanía que mantendrá su postura de vigilancia, prevención y sanción, demostrando con hechos que el compromiso con la rendición de cuentas no tiene punto de retorno.
