Cada día, en algún punto del país, una familia recibe una noticia que nunca debió llegar: un accidente de tránsito que termina en tragedia. La cultura del tránsito en la República Dominicana ha dejado de ser un simple problema de movilidad para convertirse en una crisis nacional de salud pública y convivencia social, cuyas consecuencias se miden en vidas perdidas, hogares destruidos y un sistema sanitario sobrecargado.
Las cifras son alarmantes y persistentes. Año tras año, el país se mantiene entre los de mayor mortalidad vial en la región, una realidad que no puede seguir normalizándose. Detrás de cada número hay una historia: jóvenes que no regresan a casa, trabajadores que pierden la vida en el trayecto diario, peatones vulnerables en calles que no perdonan el error.
Esta tragedia cotidiana tiene raíces profundas en una cultura vial marcada por la imprudencia y la falta de respeto a las normas. El exceso de velocidad, el irrespeto a los semáforos, el uso del teléfono móvil mientras se conduce y la conducción bajo los efectos del alcohol se han convertido en prácticas habituales. A esto se suma una percepción generalizada de impunidad que debilita la autoridad de la ley y refuerza la idea de que infringir las normas no tiene consecuencias reales.
Particular atención merece el papel de las motocicletas, protagonistas frecuentes de los accidentes más graves. Su uso extendido sin casco, sin licencia y con múltiples pasajeros refleja no solo una falla en la fiscalización, sino también una carencia de educación vial y de conciencia sobre el riesgo. La motocicleta, esencial para la movilidad y el sustento de miles de familias, se ha transformado paradójicamente en uno de los mayores factores de mortalidad en las vías.
La infraestructura vial tampoco ayuda. El crecimiento acelerado del parque vehicular no ha ido acompañado de una planificación urbana adecuada. Calles congestionadas, señalización deficiente, iluminación insuficiente y vías deterioradas crean un entorno hostil que potencia el conflicto entre conductores y eleva el riesgo de accidentes.
Si bien el país cuenta con un marco legal moderno en materia de tránsito y seguridad vial, su aplicación ha sido irregular. La ley pierde valor cuando no se cumple, y la norma deja de educar cuando no se sanciona. La fiscalización intermitente y la falta de continuidad en las políticas públicas han limitado el impacto de los esfuerzos institucionales.
Sin embargo, reducir el problema únicamente a la falta de sanciones sería insuficiente. La educación vial sigue siendo la gran deuda pendiente. Formar ciudadanos responsables en las vías requiere comenzar desde la escuela, reforzarse en la obtención de licencias y mantenerse como una política permanente de concienciación. Sin educación, no hay cultura; sin cultura, no hay respeto; y sin respeto, el tránsito seguirá siendo un escenario de riesgo.
La cultura vial que hoy impera en la República Dominicana no cambiará de la noche a la mañana. Requiere voluntad política, fiscalización efectiva, inversión en infraestructura y, sobre todo, un compromiso ciudadano real. Respetar las normas de tránsito no es una opción ni un gesto de cortesía: es una responsabilidad colectiva que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salvar vidas en las calles no debe ser una consigna pasajera, sino un propósito nacional. El país no puede seguir pagando con sangre el costo de una cultura vial fallida.
